En
los parlamentos del
viejo y nuevo mundo. José
Basilio Guerra (Campeche, Yucatán, 1790/ Roma 1872)*
Universidad
de Camerino
Sumario: 1. Una ciudad muy heroica y liberal. – 2. Una familia conocida. – 3. Construir un País. – 4. Una lumbrera del foro. – 5. En misión por México.
1. – Una ciudad muy heroica y liberal
José Basilio Guerra nació en
Campeche, Yucatán, el 14 de junio de 1790, hijo de José Nicolás Guerra y de
María del Carmen Aldea Y Mimensa.
Campeche era una prospera
ciudad comercial, con el puerto más grande y la más importante base militar de
Yucatán. Los ciudadanos de origen española, los españoles, vivían en bellas
casas coloniales, de las cuales quedan todavía testimonios, como en una isla en
el centro de la ciudad, separada de las afueras donde vivían las familias de
los indios.
Ciudad rica, gracias a la
producción del palo de tinta y a la actividad portuaria, estaba abierta al mar,
y por mucho tiempo fue blanco de piratas y corsarios; en muchas ocasiones fue
atacada y destruida al punto de ser obligada, en los siglos XVI y XVII, a
construir un sistema de baluartes de defensa de los cuales quedan todavía
visibles algunos restos importantes. Los baluartes fueron completados al inicio
del siglo XVIII, cuando los ataques de los piratas eran ya casi extinguidos.
Aun así, el temor de los Campechanos no había desaparecido del todo, al horizonte
de la bahía todavía se podían ver las velas de los filibusteros, que no
pudiendo atacar la ciudad, se dirigían con robos y devastaban los pueblos
cercanos[1].
Campeche fue también una ciudad
intelectual y políticamente vivaz, y activista, donde se habían organizado
algunos clubes de liberales. En la segunda mitad del siglo dieciocho las ideas
de la Ilustración, habían influenciado a los intelectuales de la Nueva España,
como los europeos y los norteamericanos.
En las ciudades de las
provincias, grandes o pequeñas, se formaban grupos y clubes donde se discutían
las nuevas ideas. Los nuevos clubes o círculos se hicieron llamar Amigos del
País: en estos se encontraban los criollos que daban voz a las quejas de los
ciudadanos de segunda generación contra
de los españoles, nacidos en España, llamados gachupines o peninsulares.
En Mérida, la capital de
Yucatán, un grupo de intelectuales reunidos en aquella que se llamó la Junta
Sanjuanista, del nombre de la iglesia donde se habían formado, había dado
resonancia a la revolución liberal, nacida en la madre-patria, que gracias a la
difusión de la imprenta tuvo un grande
impacto en la colonia. La sociedad San Juan estaba formada por intelectuales
liberales y constitucionalistas. La revolución intelectual llegó hasta
Campeche, inició con el primer curso de filosofía del colegio San José, de los
padres franciscanos. El impacto de las nuevas ideas, aunque si determinado, fue
menos intenso del que sucedió en Mérida, aun así, la ciudad estaba en gran parte lista para recibir la Constitución que las Cortes les
enviaron de Cádiz a la colonia.
El 8 de diciembre de 1812,
Campeche juró la Constitución que se hizo sentir inmediatamente: la autoridad municipal
fue reconstituida, separándola de las oficinas del Teniente del Rey, la cual
había sido establecida por Fernando VI, y había absorbido las tareas del
municipio[2]. En el Ayuntamiento, se establecieron personalidades
eminentes del partido liberal y fueron lugar de elecciones para enviar
representantes a las Cortes.
La
plaza principal de la ciudad se convirtió en La Plaza de la Constitución, y
después Plaza de la Independencia nombre que conserva hasta hoy. La publicación
de la Constitución tuvo también el efecto de crear dos partidos, los
Sanjuanistas, o liberales, a los cuales se oponían los rutineros, o serviles,
contrarios a cualquier licitación de la dirección de las autoridades, que
recibieron con mucha satisfacción la revocación de la Constitución por parte
del Rey.
El
regreso al trono de Ferdinando VII fue celebrado con jubilo, la fidelidad de la
población a la monarquía, y el mensaje de Cádiz, no entraron en conflicto, como
fue testimoniado también por la señora María Dolores Barreiro la cual pidió, y
obtuvo del Rey, el privilegio de llevar con el vestido de ceremonia un
brazalete que tenia grabadas las iniciales del Soberano, dicho privilegio
tiempo atrás había sido concedido a las señoras de la ’Junta Patriótica de las
Señoras de Cádiz’.
Quizás
culturalmente menos importante que Mérida, con la cual ha estado siempre en
competencia, Campeche es mas liberal: en el 1821 se adhiere el plan de Iguala,
en el 1824 apoya a la Constitución de la república federal y en el 1840 recibe
el título de Muy Heroica y Liberal!
2. – Una familia conocida
Cuando
José Basilio Guerra nació Campeche había obtenido desde poco el título de
ciudad que la nivelaba a Mérida, la capital de Yucatán. La familia Guerra, o de
la Guerra, estaba radicada ya desde hace tiempo en el Yucatán. A causa de la
pérdida de documentos, y de la destrucción de los archivos, no es siempre fácil
seguir y señalar las ascendencias y descendencias con precisión: en lo que
respecta a José Basilio Guerra, hace fe el certificado de bautismo[3]. La familia, con todas las
ramificaciones y familiares, fue desde siempre comprometida en la
administración y gestión de la ciudad. José Nicolás Guerra, el padre de José
Basilio, teniente coronel de la milicia, fue alcalde en el 1814 mientras su
hermano Antonio estaba entro los regidores del ayuntamiento[4]. La hermana de José
Basilio, María Mercedes, se había casado con Luis Trespalacios, quien estuvo
mas veces en el ayuntamiento[5], después la pareja se
radicó en la ciudad de México.
José
Basilio frecuentó las primeras escuelas en Campeche y después, para continuar
los estudios, en la capital: primero en el colegio Real de San Pedro y San
Ildefonso de México, y después en la Pontificia Universidad Mexicana donde obtuvo
el titulo de Bachiller in artibus, en teología y finalmente el título en
derecho canónico. Desde entonces inició una carrera brillante.
En
el 1814 fue nombrado administrador (recaudador) y hizo parte de la comisión
para la ‘Subvención temporal de Guerra’[6]. En el 1816 sirvió de
orador para la inauguración de la dirección de la ‘Academia de Jurisprudencia
de Guadalajara’. La oratoria empezó con una muy sentida declaración de devoción
a la patria y al soberano que decidió unir la gloria no solo a las armas sino
también a las leyes. La academia, de hecho, fue instituida para enseñar el
derecho que debe proteger y tutelar los ciudadanos. La libertad, a la cual los
ciudadanos aspiran, puede ser concebida solo al alcance de las leyes, solo
observando y siguiendo las leyes se consigue la verdadera libertad.
En
todo el discurso, muy culto y apoyado por frecuentes frases de erudición, se
siente flotar el espíritu de la Constitución Gaditana, y mucho más. El Soberano
es el padre de la sociedad, y justo aquí se siente el eco, todavía vivo del
siglo XVIII, de la concepción paternalista del estado: el Rey es el padre de la
Patria, pero su amor por el pueblo va de la mano con el respeto por las leyes.
El Soberano es el primer vasallo de la ley la cual, al mismo tiempo, se apoya y
es apoyada por la religión cristiana.
Gran
parte del discurso esta concentrada en la necesidad de conocer las leyes del
país y del ejercicio de las profesiones legales, sobre todo de la defensa.
La
profesión de Abogado era practicada en la Nueva España casi exclusivamente por
los gachupines o peninsulares. Guerra, uno de los pocos abogados nativos de
México, sostenía y creía de importancia fundamental la formulación de escuelas
y universidades para el estudio del derecho[7].
En
el 1819 J.B. Guerra hacía parte de la ‘Oficina de la Real Sala del Crimen’[8]. El año siguiente, el
1820, en la parroquia del Sagrario de Ciudad de México, se casó con Rosa Torres
Torrija Guzmán, la hija de el que había sido el Presidente por muchos años de
la Real Academia de Jurisprudencia, en el mismo año es nombrado diputado del
Yucatán frente a las cortes de España, junto a Pedro Sains de Baranda, de
Campeche, y a Lorenzo de Zavala, un intelectual liberal de Mérida, con el cual
su camino se encontró a menudo. La revolución liberal española había tenido
repercusiones en la colonia, el papel de la Constitución había sido difundido
en todo México, leído y comentado articulo por articulo, el documento que se
oponía a los impuestos militares centralizados, ofrecía espacios grandes a los
pueblos, y a las ciudades pequeñas, a expensas de los centros mayores. Los
poderes liberales regionales se oponían al viejo régimen centralizado.
El
24 de febrero del 1821, el plan de Iguala proclamó México una monarquía
independiente constitucional con la protección de las 3 garantías:
Independencia, Religión y Igualdad; fue formada una junta que debería haber
tenido que proveer al gobierno, hasta la elección de un nuevo Soberano elegido
por la asamblea constituyente. La Junta Nacional Americana, o Junta de
Zitacuaro, no había roto los lazos con la monarquía. La fractura definitiva se
produjo con la coronación de Agustín Iturbide Emperador de México
independiente, se puso así fin a la guerra de independencia.
3. – Construir un País
La independencia
había dejado la nación con dificultades graves. Una década de enfrentamientos
sangrientos había fragmentado la Nueva España, la población se presentaba
dividida en muchas faces: los patriotas y realistas, los peninsulares, los
españoles nacidos en Europa (gachupines)y los nacidos en América (criollos) a
los cuales se unían los grupos de sangre mezclado y la población indígena. La
fragmentación creaba enormes problemas, el primero de todos la elaboración de
la forma de gobierno.
Comenzaron
a definirse las primeras alineaciones políticas - ideológicas. Los patriotas
antiguos (los insurgentes) llamados después Republicanos, aspiraban a la
libertad pero no tenían las ideas claras para consolidar el sistema
republicano, este grupo, al cual se adhirió J.B. Guerra, sostenía la idea de la
federaciòn y se llamó Partido Federal. El otro grupo estaba formado de los
patriotas que se habían unido a la lucha por la independencia en el 1821, y
apoyaban la creación de un sistema monárquico. Los grupos estaban divididos en
varias faces: los españoles, simpatizantes por la independencia, los
iturbidistas, decididos a coronar Agustín Iturbide y los realistas que después
se llamaron Borbonistas. Los sostenedores del plan de Iguala[9], eran en su mayoría
españoles. Con algunas variaciones, este grupo se identificaba en una
concepción centralista del Estado.
El
primer grupo, mas grande, proponía la creación de una república representativa
mantenida unida por el Congreso en el cual se defendían los intereses de todas
las fuerzas territoriales. Los otros aspiraban a la creación de un gobierno con
un fuerte poder central que da garantía de la gobernabilidad evitando la
anarquía[10].
La cuestión se había discutido también en Cádiz en el 1812.
El
24 de febrero de 1822 fue instalado el primer Congreso Constituyente, J.B.
Guerra participó como diputado del Estado de México, y consideró necesario
declarar que los diputados del Distrito de México representaran toda la nación.
A el, también, le tocó el honor de ser el signatario de la Constitución en
calidad de secretario[11].
Inmediatamente
empezó el debate en el preámbulo del texto constitucional, la discusión se
basaba en el punto: que concedía la constitución, si el pueblo soberano o sus
representantes como titulares de la soberanía
popular. El primer partido, que contaba entre los suyos el más radical
Lorenzo de Zavala, sostenía que el pueblo no renunciaría a la capacidad de
controlar el poder político y que sus representantes serían de considerarse
solo procuradores que debían responder a su comando.
El
otro partido sostenía que el pueblo elegiría sus representantes a los cuales
delegaría plenamente sus poderes, de esta opinión JBG, el cual declaró que los
representantes no debían ser considerados empleados ni, mucho menos, funcionarios
del pueblo: “ que ibas a dirigir por el camino más conveniente a la nación; por
ello debían tener total libertad de deliberación”[12].
El
diputado Guerra consideraba indiscutible que todas las provincias se
presenciaran por el tipo de gobierno de la República Federal a través del
Congreso de los representantes del pueblo: el organismo que expresa la voluntad
popular[13].
México,
según el modelo de los Estados Unidos, se convirtió en una República Federal: a
la constitución de la República Democrática Federal; J. B. Guerra dio su
contribución expresando sus ideas en mas de una sesión del Congreso
Constituyente.
En
la sesión del 3 de junio declaraba que los diputados del estado Mejicano “ no
solo lo eran de esa entidad, pero de toda la federación... ” y explicaba que “
La federación esta decretada por el Congreso, jurada por toda la nación y
nosotros, los primeros, debemos respetarla....." y agregaba que existen
“... intereses generales y particulares: intereses generales que tienen que
atender al Congreso General y particulares que deben atender a los Estados”[14].
En
el curso del debate sobre la Constitución se presentó la cuestión de los
estados y de los territorios, de sus posiciones en la maderación y de las
obligaciones y derechos relativos. J.B. Guerra consideraba que los territorios
tenían derecho a elegir representantes para el Congreso general y que, una vez
entrados a ser parte del pacto social, no serian inferiores a los que ya
estaban[15]. Aunque si los
territorios no tuvieran los elementos suficientes para ser considerados un
estado, no podían ser privados del derecho de participar a la formación del
gobierno y de las leyes que los habrían gobernado[16]. En la sesión sucesiva
declaró que si el articulo sancionaba los territorios, como parte integrante de
la Nación, estos serian dispuestos a participar al pago del contingente fiscal[17].
En
el articulo 4 de las Actas Constitutivas, se lee: “ La religión de la nación
mejicana es y será perpetuamente la Católica Apostólica Romana. La nación la
protege por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquiera otra”[18]. La norma fue anexa en la
Constitución Federal con las disposiciones al Congreso General de promover los
acuerdos con la Silla Apostólica para regular el ejercicio del patronato
eclesiástico en toda la federación[19]. En orden de esto fue
promovida una ‘Comisión de patronato’, compuesta de tres laicos y tres
eclesiásticos, que recomendaba prudencia en la aplicación de las reformas para
no provocar tensiones entre las autoridades del Estado y las de la Iglesia[20]. De la comisión hacia
parte J. B. Guerra, experto en derecho canónico y uno de los pocos abogados
mexicanos.
En
ese tiempo muchos de los representantes del Congreso habían adquirido
conocimiento del derecho a través de la práctica sin haber obtenido un título
académico. El problema se volvió evidente en el debate en los miembros de la
corte Suprema de Justicia, en la cual se basaba el poder judiciario, junto a
los tribunales que se constituían en cada estado. Algunos diputados creían
seria suficiente una buena fama y competencia, aunque sin ser formalmente
abogados, mientras otros, entre los cuales Guerra[21], creían indispensable
para el ejercicio de la magistratura el titulo de Abogado. El voto del 16 de
agosto sancionó un compromiso entre ambas posiciones.
Durante
los años pasados en guerra se habían formado, y habían crecido, grupos, más o
menos numerosos, de bandidos y guerrilleros que hacían insegura la vida en los
campos y en las ciudades, y España también representaba un peligro para la
independencia. La defensa y la formación de un ejercito eran una prioridad para
el país, a pesar del alto costo y de las dificultades económicas. La Asamblea
Constituyente afrontó el problema de la seguridad nacional a través de la
creación de un ejercito y de milicias cívicas; los poderes del ejecutivo para
disponer de las fuerzas armadas y de las milicias se discutieron animadamente.
Del tono de los intervenidos se sentía el temor difundido de conceder a un solo
gobernador un poder excesivo, el cual habría podido volverse despótico. El
problema concernía especialmente el uso de las milicias cívicas de los
diferentes estados de parte del gobierno principal. J.B. Guerra, en su
intervención, sostuvo que las milicias cívicas tenían la tarea de tutelar y
proteger la seguridad de los Estados mientras la otra milicia debía defender la
federación interna y externa. Ambas tenían el mismo fin porque la federación
era un conjunto de estados, entonces, para salvarla de los enemigos externos,
el ejecutivo tenía la facultad de hacer uso de las milicias cívicas[22].
Junto
a la defensa y seguridad territorial se presentaba también el de las defensas
de las costas, atacadas por piratas y corsarios de todas partes. La defensa del
país fue confiada a la guerra de curso: un método adoptado de la política
española para implicar los privados en la defensa de los intereses del Estado[23].
A
partir de las primeras décadas del siglo diecisiete el Gobierno Español había
iniciado a conceder licencias de cursos analógicos a las mismas que, ya desde
tiempo a tras, los gobiernos de Francia e Inglaterra usaban emitir en
abundancia. La guerra de Curso había tenido un rol importante durante la guerra
de independencia, tanto así que se decidió mantener en vigor la orden española
del 1801.
José
B. Guerra, que era parte de la comisión constitucional, nació en Campeche,
ciudad que había padecido por los asaltos de los piratas y corsarios, por lo
tanto, se puede considerar que tuviera una particular sensibilidad respecto a
la cuestión. Antes que nada se debía establecer si era parte del poder
ejecutivo asignar las licencias. Guerra abrió el debate haciendo hincapié en
las diferencias existentes entre el proyecto de la Constitución y los Actos
constitutivos, afirmando que la facultad de asignar las licencias era del ejecutivo
y no del poder legislativo, por qué el Gobierno estaba en grado de obtener
suficientes garantías de parte de los mismos que hacían la solicitud de
licencia[24].
Esta posición fue aceptada con la precisión que el gobierno podría obtener
mayores garantías en el caso de los aspirantes extranjeros no nacionalizados.
El decreto del 9 de junio del 1824 confirmó la orden anterior del 1801 [25].
El
nuevo estado debía estar en guardia contra de los desordenes internos, los
peligros externos y también respecto a los vecinos grandes como los Estados
Unidos de América. Además de las cuestiones planteadas en relación a la
definición de los limites del Texas, se presentó también el problema de la
esclavitud. El problema se presentó cuando fueron propuestos los artículos que
prohibían el trafico de esclavos en México y la emancipación de los ya
existentes. La prohibición contrastaba los intereses de los colonos
anglo-americanos, de religión no católica, que habían obtenido concesiones
territoriales e introducido familias de esclavos en el territorio. Stephen
Austin, que era originario de la Luisiana, y había aplicado el sistema francés,
declaró que la ley no incluía los esclavos introducidos durante el Imperio,
estos no eran africanos sino personal de servicio, criados desde la infancia y
no sujetos a la ley de emancipación. Estas y otras objeciones eran propuestas
por los colonos y hacían la aplicación de la ley bastante difícil. Fue
interpelado también un rico colono llamado Jared E. Grace que había llevado
cien esclavos a México.
La
cuestión de los esclavos, ya presente en el país, requería, con el parecer de
algunos diputados, una cautela delicada; J.B. Guerra propuso a la comisión una
corrección a la ley que fue aprobada[26]. La esclavitud no fue del
todo abolida, el Congreso reenvió la decisión, incierto si ante ponerse el
derecho de la libertad al derecho de propiedad. Es necesario recordar que Sam
Houston habría emancipado sus doce esclavos, y antes de la decisión del
presidente Lincoln. En realidad, después de su muerte, entre sus bienes se
encontraban todavía 12 esclavos, sin embargo pareciera que muchas veces los
actos de emancipaciòn ocultaran otra realidad.
En
el 1823, en Centroamerica se declaró la Independencia; en marzo de 1824 al
Libertador Simón Bolívar se le otorgo la ciudadania Mexicana[27]. El Congreso había tomado
la propuesta de algunos diputados entre los cuales J. B. Guerra el cual
representaria México en el 1826, como secretario de la legación, en el Congreso
de las Nueve Repúblicas Hispano-americanas, convocado en Panamá por el
Libertador Simón Bolívar.
4. – Una
lumbrera del foro
México,
aunque si tambaleado por tantas dificultades, una vez aprobada la Constitución,
empezó a crear las instituciones necesarias a la vida de un estado
independiente con la colaboración de sus ciudadanos mas cualificados. J.B.
Guerra, una de ‘las lumbreras del foro mexicano’[28], participo con su trabajo
de jurista: en el 1825 era magistrado de la Corte Suprema de Justicia y, como
fiscal del tribunal penal, enfrentó un complicado caso de verdadero o presunto
espionaje[29],
anos después se comprometió en un caso muy difícil y complejo en el cual se
mezclaron relaciones de tipo humano y político.
El
caso se refiere a D. Pedro Torrens, el autor del primer proyecto del colegio militar
mexicano[30].
Torrens llegó a México en 1817, con uno de los regimientos expedicionarios que
tenían el deber de enfrentar las revueltas en la América Española, y fue
involucrado, más o menos por casualidad, en la maraña de acontecimientos que
marcaron el periodo turbulento de la revuelta y de los primeros años de la
independencia. Con mucha dificultad, logró obtener, perder y después a ser
reintegrado, al grado de Teniente Coronel. Como todos los gachupines fue
víctima de la ley de expulsiones, que con extrema rigidez, rigieron los años
desde el 1820 al 1830: en 1828, un decreto draconiano de Lorenzo de Zavala
ordenó la expulsión de los militares españoles. Torrens, aunque si había sido
naturalizado Mexicano y se había casado con una ciudadana mexicana, fue
perseguido con una gravedad y crueldad tal que solo encuentran una expoliación
en el infernal clima de pasiones populares de la época, alimentadas del fuerte
resentimiento hacia los antiguos colonos.
A todo esto se agregaba una triste historia matrimonial,
la separación de su esposa, probablemente por el hecho que, mientras los
Españoles eran expulsados del pais, no se concedia el permiso de expatriar al
conyuge y a los hijos mexicanos, todos estos elementos provocaron un mecanismo
judicial y emotivo cuya resonancia vinó al maximo nivel de la jerarquìa
politica.
Las razones de la dama fueron
apoyadas por los Yorkinos,
que junto con los Escoceces se alternaban
a la dirección del país y de
la opinión pública[31]. El
defensor de Torrens, Guerra, escribió para Anastasio Bustamante una memoria muy
involucrada en las desgracias del Coronel y muy hábil para secundar los sentimientos de Bustamante y sus
prejuicios: la referencia a D. José María Lobato, como otros de sus odiosos
compañeros no deja lugar a
dudas. Lobato, que junto con de
Zavala formaba parte de la más radical
logia Yorkina, había participado en el pronunciamiento que anuló la elección de Pedraza y
llevó Guerrero al poder. En este partido, que exigía la inmediata expulsión de los españoles,
se había apoyado la esposa de Torrens. Guerra
afirma que, aprovechando su influencia
política, Lobato y sus compañeros habían influido en gran medida en la sentencia.
Mas
aparte de la conmovedora situación familiar toda la narración contribuye a
explicar un periodo de la historia mexicana marcada por el problema, mucho más
importante de cuanto normalmente se dice, de la expulsión de los españoles:
muchos de los cuales eran y se sentían ciudadanos mexicanos[32]. El pobre Torrens,
privado de todos sus bienes, se había vuelto un hombre sin patria, considerado
Mexicano por los Españoles, y Español por los Mexicanos. La defensa de Guerra,
hecha con determinación en Ciudad de México, obtuvo sus efectos: a Torrens le
fue concedido de volver a entrar en la que el consideraba su Patria.
En
el 1830, J. B. Guerra estuvo ocupado en otro caso de mayor importancia
política: el fue encargado de elaborar un informe sobre la incapacidad de
Vicente Guerrero a gobernar: un caso muy complicado con importantes
consecuencias políticas. En abril del 1829, Manuel Gómez Pedraza fue electo
Presidente de México, pero la elección fue anulada por el Congreso que, con el
apoyo de los generales, le otorgó la victoria al General Vicente Guerrero junto
a Anastasio Bustamante como vicepresidente. Guerrero representaba el partido
populista federalista y Bustamante el partido conservador federalista.
La
nueva presidencia empezó con muchas dificultades y procedimientos rígidos y
severos: una importante reforma fiscal, introducida por el radical Lorenzo
Zavala, la nacionalización de los bienes de la Iglesia, la expulsión total de
los Españoles y la emancipación de los esclavos que preocupó los colonos
anglo-americanos, aunque si el Texas fue excluido de dicha medida.
La
política de Guerrero, que sobre todo nació de manera ilegitima y de sangre
mixto, contrastaba con la de los conservadores moderados, y en el diciembre de
1829, poco tiempo después de su nombramiento presidencial, el Congreso declaró
el Presidente imposibilitado para gobernar y encargó J.B. Guerra de escribir un
informe para explicar en que cosa consistía dicha imposibilidad[33].
La
incapacidad del Señor General D. Vicente Guerrero para gobernar, resulta de una
cuestión muy compleja, concentrada en la causa por la sucesión de la señora
María Tereza Castaniza: esta, en su testamento, había confiado un enorme
patrimonio para de emplearlo en obras de caridad.
El
testamento había sido impugnado de los mismos que se consideraban herederos
legítimos de la señora. Guerrero había interferido en el caso pendiente y, con
un acto imperio, había declarado anulado el testamento favoreciendo así a los
supuestos herederos. El relator escribe que el General Presidente había
intervenido actuando en contra de la Constitución que había delineado
rígidamente las fronteras entre poder ejecutivo y judicial. El General había
justificado su intervención con la ley, que en el curso de los contrastes con
los Estados Unidos para el control del Texas, había suspendido las garantías
constitucionales para la defensa de la independencia del país y de la paz
publica[34]. Guerrero había aceptado
grandes sumas de dinero, de los aspirantes herederos, con la justificación de
tener que defender la libertad del país como indicado en el plan de Jalapa[35].
Toda
la situación se presentaba sumamente compleja, a las cuestiones de derecho,
examinadas minuciosamente y con una gran habilidad por el relator Guerra, se
agregaba el problema de las complicadas relaciones con la Iglesia. Los
herederos aspirantes sostenían la invalidad del testamento por causa de la
abolición del orden de los Jesuitas, que evidentemente habían sido favorecidos,
pero, hace notar el relator, las obras pías de los Jesuitas habían sido
heredadas del orden de san Filippo Neri. En apoyo de la invalidad del
testamento se cita la ley que había abolido las obras pías, capellanías y
patronato eclesiástico, pero precisa Guerra, el testamento se encuentra desde
el 1817, en 3 años antes de la aprobación de la ley en cuestión.
Los
argumentos fueron presentados acompañados de una serie de excepciones y
detalles que hizo inevitable la retirada de las medidas adoptadas por Guerrero
y la confirmación de la incapacidad del mismo para gobernar. La relación de
Guerra es mucho mas completa y complicada de lo que se pueda referir en esta
sede. De todas maneras Guerrero fue destituido y después arrestado, por el
engaño, y fue fusilado en el 1831 en Cuilapan, su pueblo de origen, en el
Estado de Oaxaca.
Magistrado
en el Tribunal supremo de Guerra y Marina, y después en la Corte suprema de
Justicia, y profesor en la clase de leyes, J. B. Guerra fue ministro en varios
gobiernos como experto de Negocios Eclesiasticos y senador. Los individuos que
eran candidatos para senadores tenian, o habían tenido, un importante lugar en
la sociedad, entonces Guerra en el 1839 fue elejido senador de la camara de los
diputados[36],
el año siguiente, el senador Guerra entró a hacer parte de la Comisión de
Justicia. Renunció al Senado en el 1841 quando salió para la Europa como
ministro.
5. – En misión por México
Por
sus obras obtuvo varios reconocimientos, en el 1843 le fue otorgado El Orden de
los Caballeros del Santo Sepulcro y en el 1854 le fue concedido el título de
Caballero de la República Mexicana. En el 1846, en Londres, se casó, por la
segunda vez, con la Baronesa Isabella de Jamblinne de Meux con la cual se
residenciará en Roma[37]. La residencia en el
exterior no le impedí seguir los eventos y la economía de su país natal[38].
La
asignación de Ministro Plenipotenciario le fue renovado también por los gobiernos
sucesivos[39].
La actividad de ministro no se limitaba a la representación en Roma. En el 1855
todavía el General Presidente Santa Ana lo nombró su representante especial en
las cortes de Prusia y Sajonia. La carta de la nominación contiene la recomendación
de prepararse para ir lo más pronto posible a Berlín[40].
En
México, el partido liberal, que había tomado la delantera, había dado inicio a
una serie de reformas significativas con la ley del 1855 que tomaba el nombre
del más representativo de los líderes liberales, el ministro de la justicia
Benito Juarez. Las Leyes promovidas por Ėl inspiraron la constitución del
1857 que provocó la reacción de los conservadores y de las jerarquías
eclesiásticas. Juarez , como presidente de la Corte Suprema de Justicia, asumió
la carga de Presidente de México, como requiere la Constitución; proclamó una
Constitución más radical de la anterior; después, en el 1861, ganó las
elecciones presidenciales pero no logró unir el país. Conservadores, oficiales
del ejercito, eclesiásticos, aristocráticos y grandes propietarios de terrenos,
declararon anulada la nueva Constitución. Entre otras cosas se le prohibía a la
Iglesia de poseer tierras: los laicos, frecuentemente especuladores y amigos de
los liberales, sustituyeron los propietarios religiosos con graves daños de los
campesinos que con la Iglesia habían conocido condiciones de vida y trabajo
mejores. Contrastes políticos y dificultades económicas provocaron la ruinosa
Guerra de Reformas en la cual se insertaron las potencias europeas: en el 1863
un cuerpo de expedición francesa llegó en México.
"L’Osservatore
Romano"[41],
como otros periódicos europeos, publicó la noticia de Conquista de México por
parte de Francia. El artículo provocó una respuesta resentida, escrita en perfecto
italiano, de parte de J. B. Guerra y fue publicada dos días después[42].
El
autor, en cuanto Mexicano, protestó en contra del uso de la palabra Conquista,
palabra inapropiada porque Francia no tenía «la intención de conquistar
México...» el cual de su parte «... se unió con confianza y gratitud, y con
aplausos solemnes a sus emprendedores (?) que ha ayudado con las fuerzas del
país». Guerra lista los nombres de los Generales que han acompañado y seguido
la expedición francesa. «Los Mexicanos» escribe «han saludado con jubilo la
intervención francesa como hicieron los Romanos en el 1849 cuando habían
recibido con mucha gratitud el General Audinot con sus tropas»[43].
En
verdad desde tiempos atrás, en Europa, algunos mexicanos, monárquicos,
conservadores, representantes de la Iglesia y dilemáticos, actuaban en las
monarquías y el Papa para interesarlos a las situaciones de México, deudor no
solvente de las potencias extranjeras, que era amenazado ‘de los vándalos'[44]. Guerra se recuerda con
orgullo de haber propuesto, veinte años antes en el senado mexicano, la
intervención de las potencias europeas.
Los
Franceses, desembarcados en Veracruz, se dirigieron a Ciudad México sin ninguna
dificultad y nombraron una junta provisional de 3 personalidades, la cual a su
vez, nombró 215 ciudadanos, todos residentes en la capital; J.B. Guerra escribe
que fueron escogidos 250 jefes, nativos de las provincias del territorio
mexicano, para formar una Asamblea de Notables[45]. A la llegada de los
Franceses en la capital, «se hizo fiesta, se aplaudió, se cantó, se bailó». Fue
organizado un magnifico baile al cual participaron bien más de 700 señoras; un
periódico local escribió: «... la cuestión de la manera de Gobierno se
determinó en la misma noche por el bello sexo en favor de la monarquía, y que
el presunto Emperador, fue consagrado de los labios seductores...»[46].
El
presunto Emperador había ya sido individuado en Maximiliano de Habsburgo al
cual el Mariscal francés, Forey, ofreció un brindis que se concluyó así: «al
príncipe Maximiliano,que no es un extranjero para México... es de los
emperadores de Alemania, entre los cuales el ilustre Carlos V tuvo en el mismo
tiempo el cetro del Cesar y él de toda las Españas ...»[47]. Estas palabras fueron suscritas con mucho entusiasmo por J.B. Guerra, que había siempre sostenido desde Europa , con sus amigos mexicanos, la elección del príncipe austriaco. Su antigua fe monárquica, como resulta de la oración del 1816, será premiada, en el 1865, de la nominación a Caballero del Orden del Águila, ordenado del Emperador[48].
El
28 de mayo de 1864, Maximiliano de Hasburgo y su esposa, Carlota de Bélgica,
llegaron a Veracruz. La aventura Mexicana se concluyó tragicamente después en menos
de 3 años, cuando el emperador fue fusilado. Juarez retomó su posición de
Presidente y J.B Guerra se quedó en Roma, extraño a ‘la facción vandálica’ que
gobernaba en su país. En Roma murió y fue enterrado en el 1872.