N. 8 – 2009 –
Tradizione-Romana
Universidad de Castilla-La Mancha
La pretendida prueba material en la defensa del poeta
Arquías
RESÚMEN: La
arenga defensiva en favor de Arquías, con motivo de la denuncia
presentada contra el poeta por usurpación de la ciudadanía
romana, no sólo sirve para poner de relieve la defensa de las
humanidades o el valor de la inscripción en el censo sino, ante todo,
para apreciar la estrategia probatoria de Cicerón. La defensa de Cicerón se basará, por un lado,
en poner de manifiesto los méritos del poeta y, por otro, en desviar la
atención de los hechos. A nuestro juicio en la defensa de
Arquías, más que eludir las pruebas, Cicerón, como
veremos, a falta de ellas, las reconstruyó de la manera más
favorable para su defendido. Todo ello para defender a
alguien que nunca fue inscrito en el census
populi.
El presente trabajo nos llevará a adentrarnos de la
mano del gran orador arpinate, a través de su discurso en defensa del
poeta Arquías, en el análisis de las pretendidas pruebas
materiales aportadas por Cicerón en el proceso judicial seguido contra
su defendido, por usurpación de la ciudadanía romana[1].
La M. Tulli Ciceronis
pro A. Licinio Archia poeta oratio es
célebre entre los estudiosos por la defensa de las humanidades e incluso
el humanismo que encierra[2]
y, sobre todo, en el ámbito jurídico, por un pasaje que ha
servido a los autores para la construcción de un importante debate[3]
sobre el valor de la inscripción en el censo:
Sed, quoniam census
non ius civitatis confirmat ac tantum modo indicat eum qui sit census ita
se iam tum gessisse, pro cive, (...)[4]
El pasaje ha alcanzado una gran
importancia y requiere una cuidadosa consideración[5].
De este modo, serán de obligada referencia, entre otras, las
encontradas opiniones de algunos autores que, como los encabezados por Mommsen[6], han
extendido la doctrina de pro Archia 5,11 a toda la historia del census, otorgando a la
inscripción un efecto jurídico declarativo,[7] y de otros
para los que, al margen de la réplica de Cicerón dirigida al
acusador de Arquías, una de las funciones del censo en los días
de su efectiva aplicación fue determinar quién era o debía
ser ciudadano romano y quién no[8].
En cualquier caso, un primer acercamiento al contenido nos
permite observar que el discurso de Cicerón obedece a su arenga
defensiva en favor del poeta Arquías[9],
inmersa en el proceso criminal incoado por un tal Grattius[10],
tras la denuncia presentada contra el poeta, en el verano del 62 a.C.[11],
por usurpación de la ciudadanía romana. La acusación
tenía fundamento en la lex Papia[12]
y la causa fue juzgada ante el tribunal presidido por el pretor Quinto
Cicerón, hermano menor de Marco Tulio Cicerón[13].
Para la acusación, sobre la base legal de la
referida lex Papia, el poeta ejercitó fraudulentamente la
ciudadanía romana y disfrutó, indebidamente, de los beneficios
derivados de la misma. Por su parte, Arquías sostenía ser
ciudadano romano en virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la lex Plautia Papiria del año 89 a.C.[14]
Por los datos de los que disponemos, hacía
más de un cuarto de siglo que Arquías, acogiéndose a la lex
Plautia Papiria, había solicitado la ciudadanía y nadie,
– como plantea Gruen[15]-
hasta el año 62 a.C., – tres años después de la
promulgación de la lex Papia- consideró necesario
comprobar sus credenciales: ¿cuál pudo ser el motivo de tal
acusación?.
Se hace difícil comprender los motivos que indujeron
al desconocido Grattius a citar a
juicio al poeta, a menos que se piense en rencores o intereses particulares,
consideran algunos autores; mientras otros, en cambio, no ven en la defensa de Arquías ninguna
intriga política sino, sencillamente, un proceso de ordinaria
administración[16].
A este respecto, la mayoría de la doctrina parece
haber visto un trasfondo político en la causa seguida contra
Arquías, comenzando por el propio acusador, el desconocido Grattius. Su misma insignificancia hace
pensar que fuera simplemente un testaferro de los pompeyanos. Por tanto, este
proceso sería en el fondo una ofensa inferida a los protectores de
Arquías: los Lúculo[17].
Cicerón, como apunta Haley[18],
tenía que encontrar la manera de defender a Arquías e impresionar
a los Lúculo, sin ofender gravemente a Pompeyo.
De todo ello, podríamos extraer cómo, de
igual forma que por parte del acusador parece vislumbrarse una intencionalidad
más allá de la puramente encaminada al estricto cumplimiento de
la lex Papia, tampoco resultan claros los motivos reales que llevaron a
Cicerón a tal determinación, a pesar de la razón expresa
para hacerse cargo de la defensa indicada al inicio del discurso[19]:
en reconocimiento al poeta por haber sido maestro suyo[20].
En cualquier caso, al margen de las supuestas motivaciones
que hubieran podido llevar a una parte, a iniciar el proceso y a otra, a
aceptar la defensa, lo cierto de esta causa es que, mientras Arquías
pretendía haber conseguido la ciudadanía romana en virtud de la lex
Plautia Papiria, éste fue denunciado, con base en la lex Papia,
por usurpación de ciudadanía.
La defensa de Cicerón se basará, por un lado,
en poner de manifiesto los méritos del poeta y, por otro, en exponer una
argumentación general encaminada a desviar la atención de los
hechos. A este respecto, señala Lévy[21] que un primer aspecto
común a las obras ciceronianas es que, en verdad, la prueba tiene en
ellas un lugar muy modesto de tal forma que, con bastante frecuencia,
Cicerón las trata muy ligeramente, en pocas líneas, a fin,
evidentemente, de minimizarlas y eludirlas. Este hecho, tal y como el propio
Lévy, a pie de página, hace constar, es propio de pro
Archia, 4,8; 5,11.
A nuestro juicio, en cambio, en el supuesto del discurso en
defensa de Arquías, más que eludir las pruebas, Cicerón,
como veremos, a falta de ellas, las reconstruyó de la manera más
favorable para su defendido.
En efecto, mientras Arquías aseguraba haber
adquirido la ciudadanía romana en virtud de la lex Plautia Papiria,
su acusador, al parecer, impugnaba, entre otros motivos, que Arquías se
hubiera encontrado en las condiciones requeridas por tal norma.
Sabiendo, como ya se ha dicho, que la acusación
versaba sobre usurpación de ciudadanía, supuestamente adquirida
por el acusado en virtud de la lex Plautia Papiria, desconocemos, en
cambio, si Grattius negó el cumplimiento
de los requisitos de esta ley por parte de Arquías y en qué
términos lo habría hecho. De este modo, la única forma que
tenemos de reconstruir los extremos de la acusación es a través
de las réplicas de la defensa contenidas en los cuatro parágrafos
del discurso de Cicerón (§§ 8-11), en los que se recogen estos
aspectos.
En este orden de cosas, siguiendo a Reid[22],
parece que dos fueron los extremos principales en los que se habría
basado la acusación y que llevaron a Grattius
a cuestionar la ciudadanía romana de Arquías.
- El primero y esencial, en opinión de Reid, que no
existían pruebas documentales de la originaria admisión en la
ciudadanía heracliense.
- En segundo lugar, – a nuestro juicio, primordial
– que Arquías nunca fue inscrito en el census populi.
Por su parte, Lucrezi[23],
extrayéndolos del propio texto del discurso, sintetiza en tres puntos
los términos en que se habría planteado la acusación, a
los que nosotros añadiríamos un cuarto:
(i) Heracleane esse tum adscriptum negabis?.(§8)
(ii) An domicilium Romae non habuit?. (§9)
(iii) An non est professus ?. (§9)
(iv) Census nostros requiris (§11).
En cualquier caso, no debemos olvidar que se trata de
conjeturas basadas en lo que sí conocemos a ciencia cierta, esto es, los
puntos en los que Cicerón estructura su defensa y no necesariamente como
respuesta a los argumentos de la acusación. En los dos primeros
(§§ 8 y 9), Cicerón intentará demostrar que
Arquías cumplió todos y cada uno de los requisitos contemplados
por la lex Plautia Papiria. Los dos últimos párrafos
(§§ 10 y 11), como veremos, los dedicará, el penúltimo
(§10), a no dejar duda de su verdadera ciudadanía, ante la
existencia de otras muchas supuestas concesiones, y a justificar, en el
último de ellos (§11), su falta de inscripción en el census
populi, por medio de sus desconocidas ausencias, justo en el momento de la
convocatoria de los distintos censos, entre el año 89 a.C. –
año en el que, supuestamente, Arquías se acogió a la lex
Plautia Papiria- y el año 62 a. C. – fecha de la
acusación hacía él vertida –.
Del contenido de la propia lex Plautia Papiria
podemos extraer, tal y como nos indica D’Ors[24],
cuáles fueron las condiciones en ella contempladas:
a) Si foederatae ciuitati adscriptus fuisset.
b) Si tum (cum lex
ferebatur) in Italia domicilium habuisset.
c) Si sexaginta
diebus apud praetorem esset professus.
Pues bien, centrándonos en el primer requisito de la
citada lex Plautia Papiria y, de cuyo cumplimiento dependían,
a su vez, los otros dos[25],
según el relato de Cicerón[26],
tal adscripción habría sido llevada a cabo en Heraclea[27],
ciudad en la que Arquías y Lucio Lúculo se detuvieron a su
regreso de un viaje a Sicilia[28].
En cambio, de las palabras de Cicerón (...) Heracleaene esse tum ascriptum negabis?
(...) Hic tu tabulas desideras Heracliensium publicas (...)[29]
puede deducirse que la acusación negaba la existencia de la alegada adscriptio
y, adelantándose a la defensa, pediría que se probase mediante
los correspondientes registros -tabulae publicae- la efectiva
concesión de la ciudadanía heracliense a Arquías, poniendo
en entredicho, ante la conocida falta de las referidas tablas, la
alegación realizada como base.
En efecto, era conocido que las tablas del registro se
habían quemado durante la Guerra Itálica[30].
Por ello, la acusación haría hincapié en la solicitud de
pruebas documentales sobre la adscripción, precisamente, decimos, para
poner de relieve la debilidad en la posición del acusado.
En el contraataque, Cicerón utiliza dos elementos:
a) Oponer a la ausencia de una prueba material otra prueba
material, de igual o superior entidad.
b) Desprestigiar la acusación, presentándola
como una maledicencia sin fundamento.
Así, Cicerón suple la ausencia de prueba
documental sobre el registro, con pruebas testificales sobre tal hecho. Aporta
el testimonio de Marco Lúculo, vir
summa auctoritate et religione et fide, por tanto, un testimonio de gran peso. Pero, Cicerón, para
reforzarlo aún más, si cabe, hace alusión -algo que no es
normal en sus defensas- a elementos que no dejan lugar a dudas, de tratarse de
una prueba material: que lo sabe, que lo vio, que lo realizó[31].
En condiciones normales sería más que suficiente la
presentación de dicho testimonio, por la calidad del mismo y por su
peso. Sin embargo, Cicerón aporta una prueba más.
En efecto, finalizó con la presentación de un
grupo de nobilissimi homines
de Heraclea. Supuestamente, una embajada que no consta se acreditara como tal,
que llegó expresamente a Roma para dar testimonio de que el imputado
había sido adscriptus a su ciudad[32].
Pretende Cicerón situar este testimonio en el mismo
plano que el anterior, para dotarle de la misma calidad y peso. Sin embargo,
siendo nobilissimi homines no lo son de Roma; no es el testimonio de
ciudadanos y sobre todo, se olvida Cicerón de manifestar un
pequeño detalle: que en este caso no lo vieron, no lo realizaron, es
decir, siguiendo la argumentación de la defensa sensu contrario,
lo supieron de oídas, estaban opinando. Es tan desproporcionada la
aportación de esta prueba, un lujo tan desmedido e innecesario, que
sólo puede significar la generalizada sospecha sobre la debilidad de lo
aportado por la defensa y de la propia posición del acusado.
El otro elemento del contraataque
ciceroniano, decíamos, era desprestigiar
la acusación, presentándola como una maledicencia sin fundamento:
Est
ridiculum. Cicerón presenta como ridículo a los jueces,
pretender obtener las pruebas que no podemos tener, rechazar eso que de
ningún modo puede ser corrompido[33].
Pero, además, intenta poner de relieve el valor que tradicionalmente se
ha dado en Roma a la prueba testifical frente a la prueba documental: guardar
silencio acerca de la prueba testimonial y reclamar la documental, aún
teniendo la religiosidad de un hombre muy íntegro, el juramento y la fe
de un municipio, rechazar eso que de ningún modo puede ser corrompido y,
en cambio, desear los registros que tú mismo dices que suelen estar
corrompidos[34].
Aún así, Cicerón, dando por
válidos los hechos justificativos del primero de los requisitos de la lex
Plautia Papiria y continuando su línea argumentativa, en
relación con el segundo de ellos, el domicilium en Italia,
probablemente no puesto en duda por Grattius,
se apresura a preguntar retóricamente a su adversario:
An domicilium Romae non habuit is qui tot annis ante civitatem
datam sedem ominium rerum ac fortunarum suarum Romae conlocavit?[35]
Esta cuestión, como afirma Lucrezi[36],
es liquidada por Cicerón en pocas palabras, denunciando como absurdo
querer poner en duda tal circunstancia concerniente a una persona que, desde
hacía tantos años, tenía en Roma la sede de todos sus
asuntos e intereses[37].
Ello fue argumentado por el arpinate sin aportar testimonio o
documentación alguna, a fin de sostener este hecho que, al parecer,
sería de dominio público y que, probablemente, como
apuntábamos con anterioridad, pudo no ser cuestionado por Grattius.
Por lo que al tercero de los requisitos contemplados en la lex
Plautia Papiria se refiere, a pesar de que, posiblemente, al igual
que el anterior, no hubiera sido puesto en duda por la acusación,
Cicerón cuestiona a su adversario para, inmediatamente, él mismo
responderle:
An non est professus ? Immo vero
eis tabulis professus quae solae ex illa professione conlegioque praetorum
obtinent publicarum tabularum auctoritatem[38].
La requerida professio fue
llevada a cabo por Arquías, según el relato de Cicerón[39], ante Q. Metelo quien, además
de ser familiarissimum suum,
era homo sanctissimus
modestissimusque omnium.
A diferencia del requisito domicilio, en el que no fue aportada prueba alguna que
ratificase tal extremo, Cicerón se detuvo más en la
demostración de que su defendido había efectuado adecuadamente la
professio apud praetorem[40].
A este respecto llega, incluso, a mostrar como prueba
documental – a diferencia, nuevamente, de lo ocurrido con el primero de
los requisitos – las tablas en las que fue inscrito Arquías, a fin
de que se pudiera verificar la regular inscripción del imputado y fuese
constatada la ausencia de cancelaciones próximas a su nombre que
hicieran sospechar una ulterior inserción. De este modo, apunta Camarero[41],
Cicerón hace observar que los registros de este pretor eran irrecusables
y de plena fe pública por su consciente y bien conocida responsabilidad,
a diferencia de sus colegas Apio Claudio Pulcro y Publio Gabinio Capiton[42].
Todo ello con el propósito, entendemos, de demostrar que su defendido
había cumplido con toda exactitud el último de los requisitos
incluidos en la lex Plautia Papiria y con él, los de previo
cumplimiento que, a su vez, justificarían el haber podido alcanzar este
último.
Pues bien, a pesar de que, según el relato
ciceroniano, Arquías fue adscrito a la ciudad de Heraclea[43],
tenía domicilio en Roma desde hacía muchos años y se
presentó ante el pretor Q. Metelo[44],
existen indicios, como ya hemos puesto de relieve, que apuntan a una
débil posición del poeta en la causa jurídica contra
él ejercitada[45]:
la carencia de fehacientes pruebas que demostrasen su originaria
adscripción a Heraclea y la realización de una professio
ante el único de los pretores que era muy amigo suyo y pariente de sus
mentores, como único hecho que aparece respaldado con una prueba
material sólida a su favor.
Pero es que, ciertamente, para los Lúculo,
beneméritos de Heraclea, hubiera sido bien fácil no sólo
comprar el testimonio de los legados heraclienses, sino que el propio Marco
Lúculo sirviera de testigo y, por último, que Q. Metelo, quien,
además de ser íntimo amigo del acusado, era primo de los
Lúculo[46],
hubiera podido llegar a aceptar, como apunta Camarero[47],
una professio fuera de plazo o, incluso, sin la regular adscriptio.
Por último, simplemente quisiéramos hacer
constar que, junto a esta más que dudosa adecuación de
Arquías a los requisitos contemplados en la lex Plautia Papiria,
parece que la acusación tuvo otro elemento a su cargo: Arquías
nunca fue inscrito en el census[48].
De este modo, podemos observar cómo de forma paralela al que pudo haber
sido principal argumento de la acusación, esto es, la inexistencia de
pruebas fehacientes sobre la originaria adscripción
de Arquías a Heraclea, en este segundo extremo de la acusación,
tampoco habría constancia de la adquisición por parte de
Arquías de la condición de ciudadano romano, al ser puesta de
relieve la falta de inscripción del imputado en cualquiera de los censos
celebrados desde la promulgación de la lex Plautia Papiria
– 89 a.C. – , hasta la fecha de la causa abierta contra él
– 62 a.C. –.